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Ayer, viernes 5 de febrero, según nota oficial del ayuntamiento, la policía municipal por orden del propio Ayuntamiento de Madrid interrumpió la representación del espectáculo “La bruja y Don Cristóbal”, realizado por la compañía granadina Títeres desde Abajo y detuvo a los trabajadores de la grupo teatral. La obra, estaba contratada por el consistorio madrileño dentro de los actos culturales organizados para el Carnaval.
El motivo, según la información de Ayuntamiento y de varios medios de información, parece haber sido que el espectáculo además de contener “acciones ofensivas” (sic.) incluía una escena en la que la criminalización de la protesta social mediante “el todo es ETA” se parodiaba con una marioneta policía que colocaba una pancarta con el lema “Gora Alka-ETA” a una manifestante inconsciente. Una práctica que ha sido denunciada en numeras ocasiones por diferentes movimientos sociales y entidades defensoras de las libertades públicas.
Estos hechos resultan de extrema gravedad. No sólo respecto a los y las artistas detenidos, sino para la propia libertad de expresión. Si bien en los últimos años ha habido iniciativas del Régimen que han cercenado, o lo han intentado, este derecho en el plano de la cultura, creemos que la suspensión policial de un espectáculo teatral y la detención de los artistas que lo estaban realizando, va un paso más allá y nos hace recordar tiempos todavía más oscuros.
Por otro lado, remarcamos que la obra se centra en criticar la represión política de la protesta social. Resulta tragicómico, y muy ilustrativo del actual orden de las cosas, que este “Ayuntamiento del cambio” de Madrid contrate a una compañía que traslada al público esa denuncia y acabe ejerciendo la represión denunciada por los titiriteros.
Como trabajadores y trabajadoras de la comunicación y la cultura en Madrid, exigimos la puesta en libertad inmediata de los artistas detenidos y la retirada de todos los absurdos cargos por los que han sido detenidos.
Exigimos también, depuración de responsabilidades frente a los responsables políticos de estos hechos. No frente a los responsables de la contratación de la compañía granadina, que rápidamente han sido cesados como reclamaba la oposición de derecha, sino contra los responsables de este ataque municipal contra el arte y la libertad de expresión.
Animamos también al pueblo de Madrid a mostrar su rechazo a estas actuaciones contra los “valores de convivencia, respeto y diversidad” de los que habla el Ayuntamiento, cuando es él mismo el que las realiza.
