Inmigrantes

Breve análisis de la situación actual

El Estado español era hasta el año 2007, justo antes de que la crisis del capitalismo se evidenciase con mayor virulencia, uno de los países de la Unión Europea con una de las mayores tasas de recepción de inmigrantes. Esa situación, cinco años después ha cambiado radicalmente. Sin duda alguna, ha sido la crisis la que ha motivado este descenso de la población inmigrante (un 0,7%), que actualmente se sitúa en un 12% de la población total.

No obstante, hoy en día las trabajadoras y trabajadores inmigrantes siguen siendo fundamentales en la estructura productiva del estado, desempeñando algunos de los trabajos más desregularizados y precarizados del mercado laboral. En ese sentido, en 2012 sigue habiendo un un alto porcentaje de trabajadoras inmigrantes en el servicio doméstico y la economía de los cuidados. Por otro lado, y a pesar de la vuelta al sector primario de un gran porcentaje de trabajadores nativos expulsados de los sectores secundario y terciario en los últimos años, sigue habiendo un amplio colectivo de trabajadores y trabajadoras inmigrantes empleados como jornaleros en fechas puntuales asociadas a las grandes campañas de recolección agrícola (aceituna, naranja, fresa o espárrago), lo que se traduce en ocasiones en situaciones de tensión social de racismo virulento.

Por otro lado, la situación económica y política del estado español está favoreciendo la descomposición de las economías familiares de la población más desprotegida, lo que se está traduciendo en una mayor precarización de las condiciones de vida de muchos trabajadores inmigrantes, que, ya sin redes de apoyo que les puedan prestar soporte, se ven abocados a desempeñar trabajos típicos de la economía informal. Por otro lado, es constatable el alto porcentaje de familias inmigrantes amenazadas por los desahucios, lo que en muchas ocasiones viene a incrementar el alto grado de vulnerabilidad que padece la población inmigrante en el estado español.

No obstante, el evidente deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras llegados de otros países en los últimos años, no hace sino profundizar las ya de por sí lamentables diferencias que de manera estructural existen entre trabajadores nativos y foráneros.

Represión, racismo y exclusión social.

Todo lo anterior, sumado a la amplificación de los discursos xenófobos y racistas en toda Europa, allanan el terreno a los partidos políticos conniventes con los mercados de cara al establecimiento de políticas tendentes a, por un lado, endurecer las leyes de extranjería, y, por otro, acosar, intimidar y perseguir policialmente a aquellas trabajadoras y trabajadores inmigrantes en situación más vulnerable y en claro riesgo de exclusión social. En ese sentido, la fragante persecución que sufren muchos inmigrantes se evidencia en el aumento de redadas policiales de carácter racista y en la criminalización de la sociedad obrera más allá de credos y razas. Como ejemplos de lo anterior, hemos de destacar el proceso de acoso y derribo al fotógrafo Eduardo León o el juicio contra cuatro brigadistas de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos.

Mención aparte merecen los Centros de Internamiento para Extranjeros. En el estado español hasta la misma ONU ha criticado la situación de los mismos. Verdaderos campos de concentración para trabajadores y trabajadoras pobres, hoy en día los CIE´s suponen una verdadera aberración institucional en un país que se presupone democrático. Numerosos informes avalan esta afirmación. Actualmente, a la inseguridad legal que han de padecer muchos de los que podemos considerar reclusos, se le ha de sumar un notable empeoramiento de sus condiciones de vida ligado a las dificultades para acceder a una atención médica digna, el hacinamiento o la incomunicación.

Nativa o extranjera, la misma clase obrera: panorama de luchas.

Todo lo anterior, qué duda clave, constata una realidad que con el paso del tiempo se hace cada vez más incontestable: la población inmigrante padece las mayores cotas de explotación, exclusión y represión en el estado español. Evidentemente, es la correlación de fuerzas actual entre las clases populares y las oligarquías capitalistas la que posibilita dicha situación, pero también es cierto que en los últimos años ―y a la sombra del progresivo rearme moral y organizativo de los de abajo― están proliferando muchas iniciativas tendentes a luchar contra esta situación dada.

Dos podrían ser los ejemplos más preclaros de esta lucha a favor de los derechos de las personas migrantes. La primera de ellas podría estar representada por el movimiento en favor del cierre de los C.I.E (Centros de Internamiento para Extranjeros). Son muchas las ciudades en las que están proliferando colectivos, grupos y asambleas contra estos campos de concentración modernos. Por otro lado, y como segundo ejemplo del que hablábamos anteriormente, contaríamos con todo el movimiento en favor de los derechos sociales y cívicos de la población migrante. Así, poco a poco en el estado español se está consolidando una incipiente red de colectivos que luchan contra las redadas policiales racistas y en favor de la ciudadanía plena de las personas extranjeras.

Por otro lado, no podemos pasar por alto la labor que algunas asambleas, asociaciones o colectivos de carácter vecinal están desarrollando en algunos barrios especialmente multiculturales de nuestro entorno. Junto a esto, no es nada despreciable el trabajo que en el ámbito del antirracismo y el trabajo contra la xenofobia de coordinadoras y plataformas antifascistas. Finalmente, y a pesar del aumento del racismo sosterrado a causa de los cambios originados por la crisis económica, podemos encontrar casos en donde algunas luchas concretas en pro de la clase trabajadora inmigrante se van fortaleciendo año tras año, siendo un ejemplo de lo anterior el proceso de movilización en favor de los derechos de los jornaleros llegados a Jaén para la campaña de la aceituna.

Todo lo anterior pone de manifiesto que, si bien es cierto que la crisis del capitalismo está repercutiendo en el empeoramiento de las condiciones de vida de la población migrante, en muchos puntos de la geografía del estado español se está plantando cara a dicho proceso desde distintos frentes. No cabe duda de que la CNT, como organización obrera de carácter internacionalista, debe prestar soporte a estas luchas desde el presupuesto de la unidad de clase más allá de fronteras y razas. La tarea nos exige estar a la altura de las circunstancias y, en ese sentido, nuestra acción sindical ha de tender a diluir las diferencias entre trabajadoras y trabajadores, deslegitimando los discursos racistas o fascistas desde la base, luchando contra la represión y generando estructuras de participación y movilización en favor de la libre circulación de las personas, la plena ciudadanía de la población migrante, su derecho al trabajo y a la reagrupación familiar.

Secretaría Acción Social CNT

Grupo de Trabajo Movimientos Sociales

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