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CNT-AIT Palencia
Federación local de Palencia

Ateneo Libertario “Eduardo de Guzmán”

Escrito por CNT Palencia el 17th Abril 2015

Desde CNT-AIT Palencia recordamos que ABRIMOS LOS VIERNES DE 18H A 20H habitalmente, EN VERANO Y EN FIESTAS NO TENEMOS APERTURAS FIJAS, nuestro local está en la calle Don Pelayo, 14 (local 6), en las Torretas del barrio del Ave María, en la ciudad de Palencia, C.P.: 34003, Provincia de Palencia (Regional Centro de CNT […]

 

No te pares ante los recortes-EDUCACIÓN-

Escrito por CNT Palencia el 8th Mayo 2012

Educación

Breve análisis de la trayectoria educativa en España

Cuarenta años después de la falacia de la transición, la situación de la educación en el territorio del estado podría describirse como un “scrabble” de siglas, un terreno abonado para la discusión ideológica y la imposición de los postulados de los partidos que desde entonces se han ido alternando en el poder.

Desde la aplicación de la EGB en 1.970, el desfile de siglas ha sido incesante: La LGE, la LODE, la LOGSE, la LOCE, la LOE, la LOU… en total, ocho leyes de enseñanzas no universitarias y otras tres de formación superior, cuya aprobación parlamentaria siempre ha contado con los votos en contra de la oposición de turno. De hecho, la propuesta del último gobierno socialista de crear un pacto general por la educación fracasó estrepitosamente, ante la avidez de los grupos políticos de disponer con facilidad de la posibilidad de la implantación de sus ideologías a través del sistema educativo.

Entre las cesiones más lesivas para un sistema educativo público y gratuito hay que destacar la creación de la red de centros concertados en los años 80 bajo el amparo del gobierno de Felipe González, escuelas privadas financiadas con fondos públicos cuyo sistema, 25 años después, está “desvirtuado”, según sus propios ideólogos. Las estadísticas de escolarización demuestran que un 90% de los alumnos y alumnas con necesidades especiales son asumidos por los centros públicos. Los desmanes en los centros concertados se incrementaron con la asunción de las comunidades autónomas de parte de las competencias en materia educativa. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha denunciado que muchos colegios privados-concertados se escudan en criterios de escolarización fijados por los gobiernos de algunas CC.AA. para impedir la escolarización de alumnos inmigrante, gitanos, con bajo nivel socioeconómico, con necesidades educativas especiales o con bajo rendimiento académico. La predilección por parte de ciertos gobiernos autonómicos de derechas por la enseñanza privada y concertada es de una evidencia aplastante en la comunidad de Madrid, donde el 50,4% de los centros escolares son privados y concertados, aunque más de la mitad de la población estudiantil sigue matriculada en colegios públicos.

Pero la educación no sólo está mediatizada por los intereses políticos y partidistas. La iglesia católica, todopoderosa durante la época de la dictadura franquista, se ha resistido siempre a perder la oportunidad de adoctrinar gratuitamente desde los púlpitos de la escuela. Por ello, se apresuraron en enero de 1979 a firmar un concordato en el que, a rasgos generales, se establece que la oferta de la religión católica sería obligatoria para los centros, y que el personal encargado del adoctrinamiento sería elegido por la autoridad religiosa pero pagado con dinero público. Este acuerdo no ha sido revisado ni derogado jamás. En una estado supuestamente aconfesional, no se contempla la existencia de especialistas de Educación Física, por ejemplo, en la etapa de Educación Infantil, pero sí la de adoctrinadores de religión. En comunidades como la andaluza se ha llegado incluso más lejos: a partir del próximo curso 2012 – 2013 será obligatoria la oferta de religión evangélica, por lo que en lugar de hacia la laicidad, nuestros centros públicos tenderán a desviarse hacia la multiconfesionalidad.

En un sistema educativo que se valora en base a rendimientos y resultados, España sigue estando por debajo de la media de la OCDE en la evaluación de las tres competencias básicas (comprensión lectora, matemática y científica). Se evidencia así que ninguno de los planes que se han intentado instaurar ha tenido el éxito esperado. El más reciente, el fiasco de la orden de calidad, que incluso fue recurrida ante los tribunales, y que establecía una retribución económica extra en función a la mejora de los resultados académicos.

La situación respecto a la inversión de dinero público en educación es también significativa: España invierte un punto por debajo menos en Educación que la media de la Unión Europea. El gasto educativo en relación al P.I.B. no sube en los últimos años. Sin embargo, sí nos situamos a la cabeza de las listas en lo que se refiere a abandono escolar temprano o agresiones en las aulas entre los/as alumnos/as y hacia los docentes.

Los recortes en educación: una nueva agresión a la enseñanza pública

Y en esta situación, y al amparo de la crisis generada por el sistema capitalista, el gobierno de Rajoy acomete una serie de reformas y recortes que justifican en la imperiosa necesidad de mantener un sistema de educación pública, gratuita y universal.

La Reforma Laboral ya avanza camino a este respecto. Las causas económicas justificativas de un despido objetivo en el sector público no será la “disminución del nivel de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos”, sino una “insuficiencia presupuestaria persistente” o “causas técnicas y organizativas”. Y aunque por el momento, el personal funcionario no se ve afectado por las medidas -hasta que decidan modificar el estatuto de los / as trabajadores / as públicos / as-, La reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy abre la puerta al despido objetivo del personal laboral del sector público. Así, los entes públicos podrán despedir pagando una indemnización de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades, a aquellos trabajadores que no sean funcionarios de carrera: personal laboral o eventual.

Y después de la Reforma Laboral, los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2012 culminan -hasta el momento- los ataques al sector educativo, con una reducción presupuestaria del 21,9% frente al ejercicio anterior, porcentaje escandalosamente superior si se compara con los recortes en las partidas de defensa (-8,8%), seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias (-0,8%), la casa real (-2%), o los fondos públicos dedicados al mantenimiento de la iglesia (-0%). En una rueda de prensa posterior a la presentación de los presupuestos, Montserrat Gomendio, Secretaria de Estado de Educación, justificaba los ajustes en la obligación de establecer “… prioridades para solucionar las cifras de fracaso escolar y abandono escolar temprano, la necesidad de fomento del empleo juvenil mejorando la F.P.”,mientras que mediante el mantenimiento de la cantidad consignada para becas generales se garantiza la equidad en el acceso a la enseñanza. Sin embargo, desaparece el programa Educa 3, de extensión de la red de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, ya que según la secretaria esta etapa es “puramente asistencial”. Sin embargo, los efectos colaterales de no poder acceder a puestos en guarderías públicas obligará a gran cantidad de madres y padres a elegir entre reincorporarse a su puesto de trabajo o pagar una guardería privada. Y aunque la partida para becas generales no ha disminuido, la de ayudas de libros de texto pierde 71 millones (el 76%) hasta quedarse en 27 millones. Otros 26 millones (de 62,8 a 36,8) pierde la partida que completa las becas Erasmus. Y 24,5millones bajan las becas de idiomas en verano. En otros 30 millones se reduce la partida para hacer gratuitas o más baratas las matrículas universitarias a los becarios y las familias numerosas de tres hijos y se elimina 14,6 millones para pagarle esas matrículas a los desempleados y desempleadas. La partida para formación permanente del profesorado cae un 91%. El recorte en enseñanza universitaria pasa de 399 a 149 (-62%). Además desaparece el programa Campus de Excelencia Internacional, que financiaba proyectos de las universidades enfocados a alcanzar prestigio internacional y a forjar alianzas entre campus con ese fin. Desaparece también el programa Escuela 2.0, que dotaba de ordenadores portátiles a los / as alumnos / as de 5º y 6º de Primaria.

Sin embargo, en un alarde de incoherencia, crece la partida destinada a educación compensatoria un 142%, con proyectos como el plan PROA destinados a ayudar a los / as alumnos / as con dificultades de aprendizaje en clases en horario de tarde. Uno de los recortes más significativos se produce en las transferencias a las comunidades autónomas, que hasta ahora tenían los fondos cedidos por el Ministerio como un verdadero puntal de apoyo a las políticas educativas. Ahora, en un alarde de centralización, los 590 millones destinados el año pasado por el Gobierno central a proyectos de cooperación territorial se quedan en 187 millones, y pasan de 17 a 7. Se elimina casi todo el dinero que se daba a las comunidades autónomas para poner en marcha la recién creada plataforma de FP a distancia que pretendía, entre otras cosas,facilitar también la reincorporación al sistema de personas que se pusieron a trabajar con poca formación.

Pocos días después de la presentación de los Presupuestos Generales y dentro del programa de racionalización del gasto público se comunicaba un nuevo recorte en educación por un total del tres mil millones de euros. Este nuevo tijeretazo, aprobado por el consejo de ministros el 20 de abril deteriora aún más si cabe la maltrecha situación del sector educativo. De forma somera, detallamos algunas de la modificaciones principales: aumento de la ratio un 20%, incremento de la jornada lectiva (con un mínimo de 25 horas en infantil y primaria y máximo de 20 en ESO y Bachillerato), prohibición de cubrir las bajas de hasta 10 días con recursos personales del propio centro, derogación parcial de la obligación de ofertar al menos dos modalidades de bachillerato.

Estas medidas se van a traducir en una masificación de las aulas, con docentes con menos tiempo disponible para realizar un trabajo personalizado y viéndose obligados a volver al modelo de “clases magistrales”, alumnos / as con menos posibilidad de recibir apoyo escolar en horario lectivo, ya que esas sesiones que se contemplaban como de refuerzo en el horario desaparecen, ausencia de contrataciones de interinos, aumentando la precariedad e inestabilidad de este colectivo, ya denostado por el establecimiento de la tasa de reposición en el 10% y la congelación de la oferta de empleo público.

En el ámbito universitario, la medida más sangrante es el aumento de las tasas por matriculación. Sin embargo, se da un margen para que cada comunidad autónoma decida los precios. Para un crédito en 1ª matrícula, el margen oscila entre el 15 y el 25%, incrementando en progresión geométrica hasta la 4ª matrícula, en la que el / la alumno / a se verá obligado a abonar entre el 90 y el 100% del precio del crédito. Sin embargo, la partida presupuestaria para las becas de carácter general no experimentan cambios respecto al ejercicio anterior. ¿Cómo se sufragarán entonces las diferencias de capital con el nuevo importe de las tasas?: se harán cargo las diferentes Comunidades Autónomas. Si consideramos ahora que las comunidades están obligadas por ley a cumplir con los objetivos de reducción de déficit a riesgo de ser intervenidas, es fácil adivinar que pocas se opondrán a la subida en el pago de las matrículas universitarias, estableciendo una nueva barrera a la hora de acceder a estudios superiores, y marcando una vez más el carácter elitista y segregacionista de estos recortes, dando por sentado que a partir de ahora la solvencia económica de las familias determinará el futuro académicos de sus hijos / as.

Por una educación pública, laica, científica y racional

En esta situación de precarización absoluta de la escuela pública, y en espera de la (nueva) reforma educativa, existen aún alternativas de resistencia. Una de las reclamaciones básicas es la exigencia de sacar de las escuelas las confesiones privadas y dejar de mantener con dinero del erario público a sus adoctrinadores. En este sentido, la CNT desarrolla desde la anterior legislatura del PP la campaña “Religión, ¡fuera de la escuela!”, en un intento por concienciar a la sociedad de la necesidad de no obstruir el desarrollo de la mente infantil y de evitar el carácter de marcado sometimiento que propugna la iglesia.

Pero la gran solución pasa por la creación de escuelas libertarias o racionalistas. En este sentido, existe ya una red de centros de este tipo, desde la escuela Paideia en Extremadura, O Pelouro en Galiza, El Roure en Catalunya, la Asociación Pequeña Rebeldía en Murcia, etc, ejemplos de que la posibilidad de otro tipo de enseñanza al margen de la impuesta por el estado es real.

Sin embargo, existen espacios de acción y resistencia dentro del sistema educativo. Poco a poco, los y las docentes han ido siendo desposeídos del objeto de su trabajo, el claustro ha perdido capacidad decisoria en favor de las administraciones educativas, los legisladores educativos, burócratas sin el menor conocimiento de la realidad en las escuelas, diseñan legislatura tras legislatura decretos y órdenes que se adecuen a la ideología del partido de turno, mientras los / as docentes se limitan a reproducir los códigos impuestos desde las jerarquías educativas sin la menor resistencia, aparentemente. Eso sí, imbuídos / as de la cualidad de “autoridad” que les protege legalmente ante el incesante incremento de agresiones en las aulas.

Es necesario retomar el control, y virar hacia estrategias que culminen en la autogestión de los centros públicos. El currículum impuesto no puede ser una prioridad mientras que sigan existiendo carencias materiales y personales. Desde la creación de huertos escolares cuya explotación se destine a un fondo común para mantenimiento del centro, acuerdos con pequeños comercios locales para la distribución de alimentos para el desayuno con el mismo fin, instauración del asamblearismo en las aulas y con las familias, convirtiendo el centro en una realidad cercana para todos / as, pasando por la exigencia a las autoridades educativas de consultar a los / as docentes a la hora de diseñar la legislación y hacerla flexible a cada situación, etc. Y a un nivel sindical, creación de secciones sindicales dentro de los centros y en las administraciones educativas que planteen conflictividad y dificulten la impunidad con la que hasta ahora han manejado las escuelas, haciendo frente al modelo sindical unitario, al margen de subvenciones y liberados.

“El objeto de nuestra enseñanza es que el cerebro del individuo llegue a ser el instrumento de su voluntad.”

F. Ferrer i Guardia

 

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